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elmundo.es / 14-07-2010



APEI quiere un registro obligatorio de agentes inmobiliarios en cada CCAA

La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) iniciará tras el verano una ronda de contactos con los responsables de vivienda de los Gobiernos autonómicos. La finalidad es promover que cada comunidad autónoma cree un registro obligatorio y público de agentes inmobiliarios. Esta iniciativa tiene su precedente en un registro implantado en Cataluña, en funcionamiento desde el pasado mes de febrero. De este modo, la asociación quiere garantizar el buen servicio al ciudadano y dignificar la figura profesional del agente inmobiliario.

Cataluña es la comunidad pionera en implantar un Reglamento, que incluye el Registro de agentes inmobiliarios, para regular la actividad de profesionales y firmas de servicios de mediación inmobiliaria, asesoramiento y gestión en operaciones de compraventa, alquiler o permuta.

Aunque las competencias están transferidas a las CC.AA., la APEI ya ha expuesto la medida al Ministerio

Según la APEI, que tiene cerca de 1.000 profesionales de la mediación inmobiliaria en toda España, este Reglamento "es un modelo a extender, puesto que es una medida imprescindible para conseguir la dignificación del profesional de la mediación inmobiliaria y, a la vez, garantizar la calidad y rigor en el servicio que se ofrece los consumidores". Aunque las competencias en esta materia están transferidas a los Gobiernos autonómicos, la APEI ha expuesto ya la conveniencia de la medida al Ministerio de Vivienda.

"El 'boom' inmobiliario de hace unos años, acompañado de un crecimiento desmesurado de agencias inmobiliarias que buscaban el dinero fácil, ha lesionado gravemente la imagen del mediador inmobiliario, especialmente la de los agentes que llevamos muchos años trabajando con profesionalidad", ha declarado Óscar Martínez, presidente de esta asociación.

En este sentido, los requisitos necesarios en Cataluña para que los agentes inmobiliarios puedan inscribirse en el Registro incluyen tener un establecimiento abierto al público, acreditar formación, disponer de un seguro de responsabilidad civil que garantice los daños y perjuicios que puedan causar durante el ejercicio, por un capital mínimo de 600.000 euros por año, y una garantía de 60.000 euros para afianzar las cantidades entregadas.

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